Sociedad
El INTA exoneró a la investigadora Virginia Aparicio, que dirigió el proyecto Sprint en Argentina
La resolución 366 aplica la máxima sanción del régimen de empleo público nacional. La defensa anticipó que recurrirá a la Justicia contencioso administrativa federal si la medida se confirma.
Redacción La Bajada ·
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce que dirigió en la Argentina el proyecto internacional Sprint. La decisión quedó formalizada en la resolución 366 del organismo, que además la inhabilita para seguir en la administración pública nacional.
Según el documento, la exoneración es la sanción disciplinaria más severa prevista en el régimen de empleo público nacional. El sumario se había iniciado a fines de 2023 por la ejecución de Sprint, un estudio financiado por la Unión Europea que analizó la presencia de plaguicidas en el ambiente y en personas voluntarias.
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Las imputaciones
La resolución apoya la sanción en dos ejes. El primero es la participación de José Luis Costa, investigador ya retirado del INTA y pareja de Aparicio, en tareas de coordinación e información sensible del proyecto, sin una autorización institucional específica. Según el organismo, la investigadora usó sus atribuciones de coordinadora para darle un rol relevante a una persona que no tenía vínculo laboral vigente.
El segundo eje es el manejo de los fondos, incluidos los desembolsos para trasladar muestras biológicas al exterior, que no habrían contado con las autorizaciones institucionales requeridas. La misma resolución reconoce que los movimientos contables no permiten concluir por sí mismos un perjuicio económico para el Estado, y que no se acreditó un beneficio patrimonial directo para la investigadora. Aun así, el Consejo Directivo consideró que las irregularidades eran lo bastante graves para aplicar la máxima sanción.
La defensa
En una entrevista previa a la decisión, Aparicio dijo: “No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles”.
Su abogado, Mario Bolla, sostuvo que se le imputan ocho hechos, entre ellos un supuesto perjuicio material grave que la defensa rechaza porque el financiamiento fue europeo. Agregó que otros investigados por su intervención institucional recibieron propuestas de sanción mucho menores. Si la exoneración se confirma, recurrirán a la Justicia contencioso administrativa federal.
Aparicio cuestionó la validez del procedimiento, planteó objeciones a su derecho de defensa y denunció un trato que consideró discriminatorio. El Consejo Directivo rechazó esos planteos y concluyó que el trámite se desarrolló dentro de las reglas vigentes. La investigadora describió además un clima de aislamiento: “parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”.
El contexto
El INTA está presidido por Nicolás Bronzovich, designado desde el 3 de septiembre de 2025 mediante el Decreto 684/2025. El caso excede lo personal y reabre el debate sobre la autonomía de la investigación científica en organismos públicos y sobre los mecanismos de control de los proyectos financiados desde el exterior.
La decisión abre ahora una etapa judicial, que la defensa ya anticipó.
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