Carina Spahn reconoció seis estafas con viajes y acordó dos años de prisión condicional

La jueza Carolina Castagno, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, pasó a cuarto intermedio para analizar si homologa el acuerdo de juicio abreviado que se presentó este viernes 30 de octubre. Carina Andrea Spahn, de 54 años, reconoció su autoría en seis hechos cometidos entre 2024 y 2025, en los que ofrecía paquetes de viaje por redes sociales que luego no se realizaban. Por ahora no hay sentencia: la decisión depende de la jueza.

Las partes acordaron una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional y reglas de conducta por tres años. Según la descripción de la causa, esas reglas incluyen establecer y mantener un domicilio real verificado, y realizar trabajos no remunerados en una institución de bien público, bajo la supervisión de la Oficina de Medidas Alternativas. El acuerdo prevé además que las reglas puedan reemplazarse por el cursado de un taller en el oficio que elija la acusada.

Según la acusación, algunas salidas se cancelaban minutos antes de la partida, con los contratistas ya esperando el transporte. Uno de los hechos fue un viaje a Mendoza, con un perjuicio de $2.712.000: los pasajeros esperaron el colectivo frente a la Catedral de Paraná. Los otros cinco hechos son un paquete a Merlo (San Luis) y Villa Carlos Paz (Córdoba), con un damnificado y $978.741; uno a las Cataratas del Iguazú, con cinco damnificados y $5.305.534; uno a Catamarca, La Rioja y San Juan, con nueve damnificados y $6.995.725; uno a Perú, por $2.753.370 y 2.000 dólares, y uno a México, por $6.380.600.

Las víctimas superan las 20. El abogado querellante Franco Azziani Cánepa representa a cuatro de ellas. Según explicó, algunas recibieron una parte de lo pagado y otras nada, y quienes no fueron resarcidas pueden reclamar en la vía civil. Sobre esos reclamos dijo: “ya se iniciaron en este fuero y están en proceso de mediación”. Al describir el acuerdo, sostuvo: “las partes acordamos resolver la situación penal de Spahn que se encontraba imputada”.

Magalí Urrutia contrató con su hermano un viaje para sus sobrinos, y relató: “de un día al otro nos cancela un viaje”. Urrutia también inició un juicio civil: “Hice el juicio civil porque también me interesa que me devuelva el dinero con el que se quedó”, afirmó.

Otra damnificada, María del Carmen, contó que antes de la instancia penal intentó resolver el conflicto mediante una mediación que había pedido la propia acusada. Según relató, se acordó devolverle el dinero en tres pagos, en diciembre, enero y febrero, pero el pago no se cumplió. “Me siento doblemente estafada”, concluyó.

La defensa, a cargo del defensor oficial Rodrigo Juárez, reconoció que existían pruebas “profusas y contundentes” y sostuvo que, en caso de un juicio oral, el resultado también sería una pena de cumplimiento condicional. La fiscal Sofía Patat y el querellante pidieron a la jueza que haga lugar al acuerdo. Según se informó en la audiencia, todas las víctimas fueron notificadas de la salida alternativa y dieron su consentimiento.

El próximo paso es la resolución de Castagno sobre la homologación. Hasta entonces, el caso no tiene condena firme.