Taiano descartó la estafa en la causa $LIBRA y citó a la Oficina Anticorrupción

El dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano lleva fecha del jueves 22 de octubre, a las 11:32. Al día siguiente, el secretario del juzgado firmó la resolución a las 13:30 y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a las 14:29. El magistrado aceptó así el pedido de sobreseimiento de los once imputados, entre ellos el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei.

Taiano sostuvo que las pruebas reunidas no aportaban "sustento fáctico alguno" para seguir con la investigación por presunta estafa. Según su argumento, el proyecto de la criptomoneda existió, el token fue lanzado y las operaciones se hicieron de forma pública, mediante herramientas abiertas y rastreables en blockchain. Las empresas involucradas, a su juicio, tenían existencia concreta, y la caída abrupta del valor del activo no alcanzaba por sí sola para configurar el delito.

El fiscal fue explícito sobre el límite de su análisis. Afirmó que "podrá discutirse la conveniencia económica del proyecto, el éxito posterior de la iniciativa o incluso la razonabilidad especulativa de adquirir el token", pero que "nada de ello convierte los hechos en una estafa".

Respecto de Karina Milei, el fiscal descartó el tráfico de influencias. Según el dictamen, la investigación no permitió acreditar "un intercambio indebido" que justificara la imputación por supuestos pagos de empresarios para obtener reuniones con el presidente.

Para descartar otros delitos atribuidos a Javier Milei, como abuso de autoridad, violación de sus deberes de funcionario y negociaciones incompatibles con el cargo, Taiano se apoyó en informes de la Oficina Anticorrupción, organismo que depende del Poder Ejecutivo. Ese informe concluyó que el presidente no había infringido la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Sobre el presunto acuerdo confidencial entre Milei y el empresario Hayden Davis, firmado días antes del lanzamiento de $LIBRA, el fiscal citó informes de dependencias de la Presidencia que indicaban que no existían registros oficiales de ese documento. Los peritajes informáticos realizados en noviembre de 2025 habían recuperado, del teléfono de uno de los implicados, el borrador de un contrato entre Milei y Davis por unos cinco millones de dólares.

El recurso de Juan Patricio Marchetto sigue condicionado a la Cámara Federal de Casación Penal, que debe decidir si el inversor puede seguir cuestionando el cierre. En el escrito de apelación, sus abogados sostienen que la resolución que lo apartó de la querella no es firme, porque todavía falta resolver un recurso de queja.