Santa Fe busca dictamen el 29 de octubre para sus leyes de seguridad

El oficialismo de Santa Fe apunta a llegar al 29 de octubre con dictamen sobre el paquete de leyes de seguridad que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro. El diputado radical Martín Rosúa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, confirmó el objetivo en una entrevista radial.

Este miércoles, las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General volvieron a reunirse para escuchar a organizaciones y especialistas. El plenario, encabezado por Rosúa y la socialista Lionella Cattalini, recibió a los colegios de abogados de Rosario y de Santa Fe, a la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario y a organizaciones de derechos humanos y de víctimas.

Rosúa defendió la necesidad de las reformas y dijo: “Hay un cambio de paradigma.” También sostuvo que, en situaciones de urgencia, la policía podría actuar sin autorización judicial previa, con revisión posterior de un juez: “Lo que se hace es un reordenamiento temporal donde primero se toma la medida urgente y después se aplica el control”.

La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario presentó un escrito con objeciones a varios artículos. Según la entidad, el proyecto implica “no un régimen orientado a la seguridad, sino de un verdadero sistema de castigo anticipado”. Entre sus cuestionamientos figuran que la policía tome declaraciones a personas sospechadas antes de la imputación, que se realicen juicios en ausencia del acusado y que se admita como válida una actuación policial realizada “de buena fe”, aunque no tenga orden judicial. También objeta la ampliación de los casos en que se puede allanar sin orden, y que los fiscales dispongan medidas cautelares, como la exclusión del domicilio o la prohibición de salir del país, sin intervención judicial previa.

El proyecto contiene once iniciativas que ingresaron en mayo y quedaron relegadas mientras se discutía la reforma electoral. El tratamiento se retomó en octubre, con una reunión convocada a los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y a representantes del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa. Entre los socios de Unidos no hay acuerdo sobre qué artículos aprobar como están, cuáles modificar y cuáles dejar afuera. El Partido Socialista es uno de los sectores con mayores reparos, sobre todo por las facultades que se otorgarían a policías y fiscales y por el control judicial.

El antecedente más cercano es el primer paquete de Pullaro, enviado en diciembre de 2023, que incluyó la emergencia en seguridad pública y penitenciaria y la adhesión a la ley nacional de desfederalización parcial del narcomenudeo. Aquel proyecto se aprobó en tiempo récord, pero con cambios importantes respecto del texto original. En mayo, Pullaro defendió el endurecimiento: “No podemos retroceder o ser blandos con quienes matan o están con armas en la calle preparados para hacer daño”.

En paralelo, el gobierno provincial promueve la Expo Seguridad, que se realizará los días 4 y 5 de noviembre en el Salón Metropolitano de Rosario, organizada por la Fundación Rosario. Según la convocatoria, reunirá a ministros de Seguridad de todo el país, embajadores y empresarios, y Pullaro la presenta como “el modelo más exitoso del país”. En ese marco, el secretario de Cooperación Cristian Cunha afirmó: “en 2023 a esta fecha estábamos con 210 homicidios y hoy estamos en algo más 60”.

El próximo paso concreto es el dictamen que el oficialismo busca tener antes del 29 de octubre.