Diputados de Santa Fe deja fuera del temario el paquete de seguridad de Pullaro

La Cámara de Diputados de Santa Fe dejó fuera del temario de la sesión del jueves 29 de octubre el paquete de reformas de seguridad que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro. El proyecto incluye cambios en el sistema penal, en las atribuciones policiales y en el régimen penitenciario. No se trató porque la coalición Unidos no consiguió una redacción común ni reunir las firmas necesarias para emitir dictamen, pese a que tenía preferencia para esa sesión.

Las once iniciativas ingresaron a la Legislatura en mayo. Después quedaron prácticamente paralizadas mientras la reforma electoral ocupaba la agenda, y el oficialismo retomó las negociaciones recién en octubre.

El principal desacuerdo enfrenta a la Unión Cívica Radical y al Partido Socialista por el alcance de las facultades que se otorgarían a la policía y por los controles sobre su aplicación. Los radicales mantuvieron reuniones con el ministro Pablo Cococcioni y presentaron al socialismo una contrapropuesta con modificaciones al texto original. Los socialistas reclaman límites más precisos a esas atribuciones y controles efectivos sobre las intervenciones excepcionales.

El diputado Emiliano Peralta, de Somos Vida, confirmó que su bloque había advertido por escrito que no acompañaría el mensaje original tal como fue enviado. Dijo que estaba dispuesto a votar en general una versión modificada, con rechazos puntuales en algunos artículos. Propuso que el derribo de búnkeres de drogas lo decida un tribunal a pedido del fiscal, y que los juicios en rebeldía se limiten a delitos especialmente graves o complejos. La falta de acuerdo impidió avanzar incluso con ese respaldo parcial.

Desde el peronismo, la diputada Lucila De Ponti atribuyó la postergación a la gravedad de las disposiciones en discusión y anticipó que varias podrían ser impugnadas ante la Justicia provincial, la Corte Suprema de la Nación y tribunales internacionales. “La excusa de necesitar más herramientas para endurecer la acción policial no puede ser un camino para desproteger y para vulnerar los derechos de las personas”, afirmó.

El ministro de la Corte Suprema provincial Daniel Erbetta había advertido que el proyecto delega facultades en la Policía y otorga atribuciones jurisdiccionales a los fiscales, que a su entender entran en conflicto con normas constitucionales y estándares internacionales. La defensora general, Estrella Moreno Robinson, también presentó reparos institucionales.

Desde el Gobierno, la vocera Virginia Coudannes afirmó el martes 27 de octubre que “hay cosas que no pueden esperar”. En un mensaje dirigido a la Legislatura, pidió a los legisladores que “pongan por encima los intereses y la defensa de los santafesinos”.

El Ejecutivo reclama que el paquete se apruebe antes de fin de año y admite cambios en la redacción, siempre que no alteren los ejes de las reformas. En el Senado, el presidente provisional Felipe Michlig se quejó de las demoras y pidió a Diputados que apurara el tratamiento.

El próximo paso es el dictamen de las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales, que todavía no existe. La negociación dentro de Unidos sobre el texto final sigue abierta.