La Justicia mantiene frenado Sea Lion y admite a Tierra del Fuego como tercero

La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto admitió la intervención de la Provincia de Tierra del Fuego en la causa que impulsan el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la asociación de abogados ambientalistas AAdeAA contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por el proyecto Sea Lion. La resolución también rechazó incorporar al Estado nacional como parte o tercero y mantuvo sin cambios la cautelar que frena las obras.

La provincia participará como tercero coadyuvante simple. Podrá respaldar la demanda y aportar elementos de juicio, pero no ampliar su objeto ni sumar reclamos propios. La Fiscalía de Estado había pedido intervenir como litisconsorte, una figura que le habría dado las mismas facultades que a la parte principal. Borruto no lo admitió porque la provincia no presentó una posición propia que justificara actuar con autonomía. La propia Fiscalía había dicho que concurría “compartiendo con las asociaciones actoras el propósito de prevenir el daño ambiental de incidencia colectiva”.

La intervención tuvo un antecedente en septiembre: una resolución de la Legislatura fueguina instruyó al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía de Estado a tomar parte en la causa.

Sobre el Estado nacional, la jueza recordó que ya pidió informes a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, a la Secretaría de Energía y a la Cancillería, que todavía no se incorporaron al expediente. Según Borruto, “La sola condición de legitimado ambiental, o la existencia de competencias nacionales relacionadas con el emprendimiento, no impone su participación necesaria en todos los procesos de tutela del ambiente”. La puerta no quedó cerrada: dejó abierta la posibilidad de volver sobre el punto si aparecen elementos nuevos.

La cautelar del 16 de septiembre sigue vigente y sin cambios. Borruto rechazó fijar condiciones nuevas para revisarla, porque los informes pendientes todavía no ingresaron al expediente y las empresas aún no fueron notificadas. Tampoco ordenó que Rockhopper y Navitas presenten pólizas de seguros ni garantías ambientales, aunque aclaró que la decisión no desconoce las obligaciones que pudieran corresponderles.

Esa medida frenó las obras hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina competente. Un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental indicó que las empresas nunca iniciaron ese procedimiento en el país. En su resolución de septiembre, Borruto sostuvo que “el riesgo no es hipotético ni remoto”, porque el proyecto había avanzado más allá de su etapa inicial.

Sea Lion prevé 23 pozos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, y una red de infraestructura submarina. Navitas controla el 65% y Rockhopper el 35% restante. La primera extracción de crudo está prevista para marzo de 2028.

El próximo paso es la incorporación de los informes oficiales y la notificación a las empresas, dos condiciones que el tribunal fijó para volver a examinar la cautelar.