Katopodis denunció a Milei y Caputo por el uso del Fondo Hídrico

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, radicó este miércoles ante la Justicia federal de San Martín una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el manejo del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. También apunta al secretario de Finanzas, Federico Furiase, al de Hacienda, Carlos Guberman, y a cualquiera que haya administrado o controlado el fondo desde el 10 de diciembre de 2023, incluidos el tesorero general de la Nación y las autoridades del Banco Nación, que actúa como fiduciario.

Los delitos que plantea son malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta. El fondo se alimenta con el 4,31% del impuesto a los combustibles y, según la ley, sólo puede financiar obras hídricas. Para Katopodis, “ningún objetivo de política fiscal autoriza a aplicar recursos de afectación específica a un fin distinto del que la ley les asignó”.

Los números de la denuncia

El escrito afirma que entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron $375.422 millones y que apenas $115.990 millones, el 30,9%, se pagaron en obras. La ejecución llegó al 12,3% en 2024 y al 23,5% en 2025. Ese primer año, los gastos de administración y operación ($14.770 millones) fueron mayores que lo desembolsado en trabajos ($11.500 millones).

El punto central es dónde quedó el dinero. Al 1° de junio de 2026, $290.676 millones, el 85,5% de los activos, estaban en Letras del Tesoro. En septiembre, la respuesta a un pedido de acceso a la información pública llevó ese saldo a $303.370 millones. Para la Provincia, el fondo pasó a ser acreedor del Estado nacional, algo que su norma de creación no admite.

La denuncia menciona declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien habría dicho que esos fondos sirven al equilibrio fiscal, y del secretario de Hacienda, que ante el Congreso explicó que los excedentes se invierten para que no pierdan valor. Además se adelanta a una posible defensa del Gobierno en el DNU 425/2025, que manda a los organismos públicos a colocar en Letras sus excedentes transitorios. Katopodis argumenta que el decreto no habilita colocar todo el fondo, que no alcanza a inversiones anteriores a junio de 2025 y que no hay excedente cuando el dinero quedó parado por no haberse ejecutado las obras.

Obras frenadas y El Niño

De las 27 obras que el fondo financia en territorio bonaerense, 17 están neutralizadas o con el convenio rescindido, por $37.158 millones. En el total del país, son 32 de 59. Entre las detenidas figuran el saneamiento del arroyo Bedoya, en Escobar, con 96% de avance, y la captación del arroyo Torres, en Merlo, con 87%.

El escrito advierte que la inmovilización de los recursos traerá “consecuencias fácticas ruinosas para la provincia y su población, ante la inminente ocurrencia del escenario hidrológico más exigente en décadas”. La Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense calificó de alto el riesgo de saturación por inundaciones en 48 municipios.

El reclamo por los créditos

En una entrevista televisiva, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, reclamó que Nación no autorice financiamiento internacional ya aprobado para obras hidráulicas de la Provincia. “Tenemos aprobado un crédito internacional por parte de la institución que lo otorga, pero el Gobierno nacional no lo aprueba”, dijo. Sostuvo además que “El Gobierno nacional está aplicando una asfixia financiera feroz” y lo relacionó con una estrategia electoral de cara a 2027.

Katopodis pidió medidas urgentes: resguardar la documentación del fondo, reunir las instrucciones al fiduciario y las constancias de suscripción de Letras, y fijar plazos breves para los informes. Solicitó oficios al Ministerio de Economía, al Banco Nación, a la Jefatura de Gabinete, a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, además de pericias contables e hidráulicas. Se reservó el derecho de constituirse como querellante. Falta que el juzgado decida si ordena esas medidas.