Los hermanos Kovalivker se negaron a declarar en la causa ANDIS

Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, fueron citados este miércoles a declaración indagatoria por el juez federal Ariel Lijo, en Comodoro Py. Se negaron a responder preguntas y dejaron escritos en los que niegan los delitos que les atribuye la fiscalía. Jonathan Kovalivker es presidente de la firma y Emmanuel, vicepresidente.

En su escrito, Jonathan Kovalivker sostuvo: “Niego en forma categórica haber integrado, y menos aún dirigido, asociación ilícita alguna, haber intervenido en maniobras defraudatorias contra la Administración Pública o en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), imputaron a los hermanos haber formado parte de la estructura que, según la acusación, cooptó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre mayo de 2024 y agosto de 2025. A Jonathan Kovalivker le atribuyen asociación ilícita, fraude por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. Para la fiscalía, como máxima autoridad societaria, habría avalado y liderado la inserción de la firma en el organismo.

Según el dictamen, en ese período la ANDIS libró órdenes de compra a favor de Suizo Argentina por 137.118.708.357,77 pesos, el 29,54% del total adjudicado a medicamentos de alto costo y baja incidencia (PACBI). Los registros de ARCA que cita la fiscalía indican que la firma facturó directamente al organismo 124.652.174.118,59 pesos.

Entre los casos que describe la imputación figura la cladribina (Eurit), para esclerosis múltiple. La droguería la compró a 92.000 pesos y, según el dictamen, la facturó a la ANDIS a más de 42 veces su valor de compra. Por otro lado, la fiscalía sostiene que la firma Droguería Génesis revendía al Estado medicamentos que le vendía Suizo Argentina, con un recargo promedio del 44% sobre el costo original.

El martes, Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos de la droguería, también se negó a responder preguntas en su indagatoria y presentó un escrito. Según la imputación, era el número dos de Jonathan Kovalivker. Sostuvo: “Toda la acusación descansa en un apodo de uso común”, en referencia al sobrenombre “Seba” que la fiscalía le atribuye en conversaciones entre terceros. Además, pidió la nulidad de las pruebas que lo involucran, por derivar de audios de origen dudoso y todavía en peritaje, y que se deje sin efecto la inhibición general de bienes dictada para 36 personas.

Por separado, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado rechazó la suspensión del juicio a prueba pedida por Claudio Ariel De Vincentis, excomisario de la Policía Federal y jefe de seguridad del complejo Nordelta, en Tigre. Está acusado de haber alertado a Jonathan Kovalivker sobre un allanamiento en agosto de 2025, y la defensa sostiene que estaba de licencia esa noche. La magistrada consideró que “no existen dudas en arribar a la conclusión” de que la conducta fue desplegada por un funcionario público. Con ese encuadre, la causa pasará a los Tribunales Orales Federales de San Martín, donde podría haber una condena de hasta seis años de prisión. Hasta ahora estaba procesado por delitos con pena máxima de tres años.

Las indagatorias seguirán hasta fines de noviembre, con tres jornadas de declaraciones por semana, según el cronograma vigente. El juez Lijo no citó por ahora a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, cuya ampliación de declaración había pedido el fiscal Picardi.