Elevan a 9 años y medio la condena de un exsecretario del Juzgado Federal de Corrientes

El Tribunal Oral Federal de Corrientes elevó de 5 a 9 años y medio de prisión la condena de Pablo Carlos Molina, exsecretario penal del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, en la causa por asociación ilícita, cobro de coimas y prevaricato. El fallo responde a la revisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que en diciembre de 2024 dio por probada la existencia de una asociación ilícita que funcionaba en ese juzgado y ordenó una nueva audiencia para fijar las penas. Molina cumple desde principios de septiembre una condena firme de 4 años por ordenar escuchas ilegales a su esposa y a un amigo.

El tribunal fijó nuevas penas para otras siete personas. El exsecretario Federico Alberto Grau pasó de 4 a 6 años y medio de prisión. El abogado Duylio Horacio Barboza Galeano recibió 4 años y medio, y el abogado Gregorio Humberto Giménez, que había sido absuelto en primera instancia, 3 años y medio. Tomás Alfredo Viglione, que también había zafado, fue condenado a 3 años y medio. El exintendente de Empedrado Juan Manuel Faraone y los abogados Omar Antonio Serial y Jorge Ricardo Vallejos recibieron 2 años de prisión en suspenso por el pago de coimas.

El exjuez federal Carlos Vicente Soto Dávila, a quien Casación señala como jefe de la organización, todavía no tiene fijada su pena. Su defensa planteó una incapacidad sobreviniente, y el tribunal postergó la decisión hasta resolver ese recurso. La fiscalía rechazó el planteo y pidió que el exmagistrado sea convocado igualmente para responder por jefatura de asociación ilícita, cohecho pasivo y prevaricato.

Al dar la razón a los fiscales, los jueces de Casación sostuvieron: “El magistrado a cargo de un juzgado federal y dos de sus secretarios coordinaban con determinados abogados particulares de la jurisdicción la obtención de dádivas por parte de narcotraficantes para beneficiarlos con resoluciones judiciales favorables”. El recurso había sido impulsado por el fiscal federal Carlos Schaefer y por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, con el aval del fiscal general Raúl Pleé.

En la audiencia, Schaefer había pedido 11 años de prisión para Molina. El tribunal lo condenó a 9 años y medio por asociación ilícita en concurso real con cinco casos de cohecho pasivo y cuatro de prevaricato, y mantuvo la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida.

En otra causa, la Cámara Federal de Corrientes confirmó la elevación a juicio de un expediente en el que Soto Dávila y Molina, junto con otros imputados, están acusados de falsificación de documentos públicos, malversación de caudales públicos y prevaricato. Según la acusación, entre abril y noviembre de 2016 los procesados sacaron de la custodia judicial vehículos secuestrados en causas de narcotráfico que debían ser decomisados. En ese expediente, el Tribunal Oral Federal rechazó un acuerdo de juicio abreviado que proponía condenar a Molina y a Roni Tunik y sobreseer a Zacarías Issolio, y ordenó remitir la causa a Casación para que designe un nuevo tribunal.

El próximo paso es el examen del Cuerpo Médico Forense, que deberá determinar si Soto Dávila puede afrontar la nueva instancia del proceso. También queda pendiente la designación del tribunal que juzgará la causa por los vehículos.