Casación anuló la elevación a juicio en la causa Propofest

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló la elevación a juicio de la causa contra el anestesiólogo Hernán Roberto Boveri y la médica residente Delfina Lanusse, ambos del Hospital Italiano, y ordenó que el expediente vuelva a la etapa de instrucción. La resolución se conoció el miércoles 4 de noviembre y corresponde a la investigación conocida como Propofest, por presunta administración fraudulenta de propofol.

Boveri, médico de planta del servicio de anestesiología, fue procesado en abril como presunto autor del delito de defraudación por administración fraudulenta. Lanusse, residente de tercer año de la misma especialidad, quedó procesada como partícipe. Según la acusación, ambos habrían desviado ampollas de propofol y otros insumos de su destino legítimo para beneficio propio. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó los procesamientos. Ninguno de los dos tiene condena.

La causa está vinculada con otras investigaciones, entre ellas la que busca determinar las circunstancias de la muerte del médico Alejandro Zalazar, según planteó el Ministerio Público Fiscal.

Antes de elevar la causa, la fiscalía pidió un peritaje de los celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados a los imputados. También requirió al hospital un informe sobre las intervenciones y sedaciones en las que participaron Boveri y Lanusse entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de febrero de 2026, cuando se registró el uso de dos o más ampollas de propofol. El fiscal de instrucción Lucio Herrera sostuvo que la investigación todavía no estaba completa. El juez de instrucción Javier Sánchez Sarmiento rechazó esas medidas y dio por agotada la instrucción, porque consideró que los peritajes podían incorporarse durante el juicio oral.

La causa llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, y el Ministerio Público Fiscal volvió a pedir su devolución a instrucción. El juzgado aceptó esa devolución sólo respecto de Lanusse y dejó que el trámite siguiera hacia el juicio en relación con Boveri. Sánchez Sarmiento propuso enviar a juicio únicamente a Boveri, y la fiscalía insistió en la nulidad de la decisión de dar por concluida la investigación. En agosto, la fiscal María Luz Castany dijo que el peritaje de los celulares “excede lo que razonablemente se puede entender como una medida de prueba secundaria o tangencial, que pueda quedar pendiente en el marco de una instrucción suplementaria”.

Al resolver, el juez de Casación Nicolás Grappasonno sostuvo que el juzgado había cerrado la investigación de manera prematura y no había evaluado el impacto de la prueba pendiente. Según el fallo, el análisis de los teléfonos podía “modificar la plataforma fáctica de la imputación”. La Cámara también señaló que, cualquiera fuera el resultado del peritaje, tendría incidencia en el requerimiento de elevación a juicio.

Con la resolución, Casación dejó sin efecto la decisión del juzgado de instrucción y todos los actos dictados en consecuencia. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 deberá continuar con la causa, y el análisis de los celulares queda pendiente. Hasta que esa prueba se realice, el expediente no puede avanzar hacia el debate oral.