España entregó al Supremo la lista de 163.355 nacionalizados por la ley de nietos

El Gobierno de España entregó este miércoles al Tribunal Supremo la relación nominal de 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos, según informaron fuentes del Ministerio de Justicia. El tribunal había reclamado esa lista para identificar a quienes tienen suspendido el derecho al voto en las elecciones generales del 29 de noviembre. Desde el ministerio lamentaron que “buena parte de ellos, previsiblemente, verán suspendido su derecho al voto”.

Las cifras no coinciden del todo. La lista incluye 163.355 nombres, mientras que el Supremo mantiene suspendidos los efectos electorales de 163.020 personas inscriptas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La suspensión afecta el voto, no la nacionalidad.

La suspensión provisional puede tener un impacto particular para los argentinos que obtuvieron la ciudadanía española por esa vía. Argentina es uno de los principales focos de aplicación de la norma.

Pocos podrán votar. Según datos de Exteriores, los consulados emitieron 901 certificados que acreditan ser hijos o nietos de exiliados, la condición que fijó el Supremo para recuperar el derecho al voto. Frente a los 163.355 nombres de la lista, la proporción es mínima.

La Asociación de Diplomáticos Españoles denunció la falta de apoyo del Ministerio de Exteriores a los cónsules. En un comunicado, la entidad sostuvo que la red consular “se encuentra gravemente desatendida” en personal, medios técnicos e infraestructura, y que no cuenta con la herramienta informática anunciada para incorporar los expedientes revisados. Según la asociación, los cónsules actuaron conforme a las instrucciones recibidas.

Por otro lado, la formación Iustitia Europa pidió al Supremo, como medida cautelarísima y sin oír a las partes, suspender el voto de los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por esa vía. También reclamó extender la suspensión a quienes figuraban en el CERA y después se mudaron a España. Según la organización, los votos de esos hijos deberían recibirse pero permanecer “separados y bajo custodia”. No existe todavía un número oficial de cuántos corresponden a ese grupo.

La controversia nace de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que permite optar a la nacionalidad a hijos y nietos de españoles exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual. Para su aplicación, el Gobierno aprobó una instrucción que presumía el exilio de quienes salieron de España entre 1936 y 1955, sin exigir documentos. Iustitia Europa y el partido Vox recurrieron esa instrucción, y en septiembre el Supremo dejó en suspenso provisionalmente las altas en el CERA.

El Supremo debe resolver las nuevas peticiones de Iustitia Europa, y no hay fecha conocida para esa decisión. El tribunal había advertido con multas coercitivas de 1.000 euros, reiterables, y con posibles responsabilidades penales ante un incumplimiento de la entrega de la lista, que se cumplió dentro del plazo.