Economía
Trabajadores de Itti en la Argentina buscan asesoramiento jurídico tras la suspensión
Una empleada dijo que no saben a quién reclamar el salario de octubre, y la empresa invocó los artículos 218, 219 y 221 de la Ley de Contrato de Trabajo para suspenderlos.
Redacción La Bajada ·
Los trabajadores argentinos de Itti, la tecnológica del Grupo Vázquez que desarrollaba sistemas para Ueno Bank, reúnen a sus compañeros para contratar un estudio jurídico que los asesore sobre el salario de octubre y la suspensión de 30 días. Lo dijo Belén Haves, product manager de la compañía desde hace tres años, en una entrevista.
El personal argentino ronda entre 930 y 940 trabajadores. Según Haves, a ellos se suman empleados de Brasil, Uruguay, Nicaragua, Chile, Bolivia y Perú, también alcanzados por las dificultades de la compañía.
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El correo que la empresa envió a la plantilla invoca los artículos 218, 219 y 221 de la Ley de Contrato de Trabajo para sustentar la suspensión sin goce de haberes entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026. La firma atribuye la medida a una situación de fuerza mayor.
Según Haves, al principio los trabajadores figuraban como monotributistas y facturaban sus servicios a la empresa. Aunque no tenían relación de dependencia, contaban con beneficios como el aguinaldo. Con la constitución de Kaitel, la compañía avanzó con la formalización de los contratos en la Argentina.
Haves recordó que la empresa llegó a tener unos 1.500 empleados en el país. En agosto, antes de la crisis actual, la compañía redujo entre 200 y 300 puestos, que atribuyó a una reestructuración. Según la estimación de Haves, los salarios podían ubicarse un 50% por encima del promedio del sector, con remuneraciones de USD 3.000 en algunos puestos.
En cuanto al reclamo, Haves dijo: “No tenemos a quién reclamarle”. Sostuvo que, de acuerdo con la información que manejan, en Paraguay los bienes del grupo estarían embargados. Las responsabilidades de cada sociedad deberán determinarse por las vías correspondientes. Haves afirmó que todavía no tienen una estrategia legal definida ni contacto con directivos de mayor jerarquía en la Argentina, y sostuvo que “La demanda tiene que ser en Paraguay, directamente con gente de allá”.
Como no están desvinculados, temen que renunciar afecte lo que eventualmente puedan reclamar, por lo que tampoco pueden buscar otro empleo con tranquilidad. Entre los afectados hay mujeres embarazadas y personas con discapacidad, y no saben hasta cuándo podrán mantener la obra social. “Estamos en un limbo, desesperados”, resumió la empleada.
El dato pendiente es si la empresa acredita el salario de octubre. Hasta ahora, la firma no fijó fecha para el pago.
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