Roxana Monzón pidió al Gobierno 30 informes sobre el alivio fiscal a pymes

La diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución con 30 requerimientos de información al Poder Ejecutivo sobre las medidas de alivio para pymes que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en la Unión Industrial Argentina (UIA) y que ARCA formalizó el jueves 5 de noviembre. El pedido busca conocer el alcance real de la suspensión de embargos, del plan de pagos de 18 cuotas, de la utilización de saldos a favor de exportadores y de los créditos para la industria automotriz.

Monzón pregunta cuántas empresas serán beneficiadas, cuántos empleos están en riesgo y qué pasará con las deudas y los intereses acumulados. Su crítica central es que “Suspender un embargo no recupera las ventas, no baja las tasas y no devuelve los puestos de trabajo perdidos”.

El proyecto también reclama explicaciones sobre la propuesta de eliminar el impuesto de sellos. Según la diputada, esa medida podría afectar los recursos provinciales y condicionar la compensación nacional a la adhesión a regímenes impulsados por el Gobierno.

La suspensión no frena los intereses. Noelia Girardi, gerente de Impuestos de Lisicki, Litvin y Abelovich, advirtió que “la deuda sigue generando intereses resarcitorios hasta su cancelación”. Según explicó, los intereses punitorios se devengan desde la demanda judicial, y la suspensión no elimina los que ya se generaron.

Mariano Ghirardotti, socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti, señaló que “pueden no trabarse embargos, pero la deuda acumula un interés mensual del 2,75%”. Agregó que las ejecuciones fiscales iniciadas antes de la norma también devengarían punitorios, por lo que en esos casos ingresar al plan sería imperativo.

Para entrar al plan, según explicó Ghirardotti, hay que ser micro, pequeña o mediana empresa de tramo 1 o 2, con Certificado MiPyME vigente y bien caracterizada en el Sistema Registral de ARCA. También pueden ingresar los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro. Además, hay que tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico y no registrar condenas firmes por delitos tributarios o aduaneros.

La adhesión se hace por “Mis Facilidades” con Clave Fiscal y puede realizarse hasta el 30 de junio de 2027. Las deudas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, con las multas aplicadas hasta esa fecha, se podrán cargar desde el 16 de noviembre, con hasta 18 cuotas.

Ghirardotti precisó que “la tasa es el 2.75 mensual y el 33% anual”. Explicó que ARCA tiene poco margen para bajarla: si la tasa es muy baja, el contribuyente podría colocar en un plazo fijo o un fondo común lo que debe al fisco y ganar sobre la tasa que le cobra el organismo. Consideró que el organismo “podría haber rebajado dos o tres puntitos, pero no mucho más”.

Marcelo Rodríguez, tributarista de MR Consultores, advirtió que “no es que van a meter la deuda en planes, sino que van a dejar de pagar los planes que tienen hoy vigentes porque se está haciendo muy complicado pagar las cuotas”. Según planteó, las empresas podrían financiarse con ARCA porque el riesgo es bajo, algo que resentiría la recaudación.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) consideró que la medida tiene “impacto relativo” y la calificó de “insuficiente y tardía”. En un comunicado, la entidad comparó la postergación de los embargos con “darle un poco de aire a quien se está ahogando para luego volver a someterlo al mismo tratamiento de asfixia”.

Girardi sostuvo: “Me parece una medida positiva, principalmente porque les da un poco de aire financiero a las pymes”. Ghirardotti, en cambio, consideró que “Todas estas medidas están buenas, no son suficientes, pero están buenas”.

El próximo paso es el 16 de noviembre, cuando el servicio Mis Facilidades habilite la carga de las deudas vencidas hasta el 31 de octubre.