Granja Tres Arroyos pidió concurso preventivo con un pasivo de $536.000 millones

Granja Tres Arroyos, una de las principales empresas avícolas del país, pidió la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante la Justicia Comercial. La presentación, radicada en el expediente COM 18.558/2026, informa que la compañía entró en cesación de pagos el 29 de enero, cuando no pudo cubrir documentos por algo más de $2.000 millones.

Pasivo y estados contables

Según la documentación contable incorporada a la causa, el pasivo al cierre de 2025 ascendía a unos $536.000 millones, equivalentes a US$350 millones al tipo de cambio oficial, frente a más de 4.800 acreedores. La firma acumula además más de $126.000 millones en cheques rechazados. Un año antes, los pasivos rondaban los $451.000 millones y el patrimonio neto alcanzaba los $341.000 millones; al cierre de 2025, el patrimonio neto se ubicaba cerca de $224.000 millones.

La deuda se concentra en préstamos y pasivos financieros, por unos $199.000 millones, y en proveedores, por unos $161.000 millones. Le siguen $52.000 millones por impuesto diferido y $32.000 millones en obligaciones fiscales.

El resultado no asignado pasó de un saldo positivo de $3.944 millones en 2022 a un saldo negativo de $68.969 millones en 2023 y de $37.108 millones en 2024. Para el cierre de 2025, la compañía proyectó un saldo negativo de $122.052 millones. Las deudas previsionales bajo planes de pago subieron de $2.299 millones en 2023 a $10.935 millones en 2024, y el auditor externo incorporó por primera vez un párrafo de énfasis sobre la situación económica y financiera de la firma.

Causas que invoca la empresa

Las ventas externas cayeron de US$175,8 millones en 2022 a US$85,7 millones en 2023, se recuperaron a US$105,1 millones en 2024 y volvieron a bajar a unos US$87 millones en 2025. La compañía atribuye su situación a la retracción del mercado interno, la baja del poder adquisitivo, el aumento de los costos de energía e insumos, la competencia de carne aviar importada y el impacto de la gripe aviar de 2023.

En la presentación, GTA recordó además que en 2018 se constituyó en garante de Wade SA por la compra de las unidades de Cresta Roja, en una operación de US$80 millones, y que desembolsó más de US$25 millones para recuperar capacidad productiva.

Justicia y medidas provisorias

El juez Germán Páez Castañeda, del Juzgado Comercial Nº 21, se declaró incompetente para tramitar el concurso definitivo y remitió las actuaciones al Juzgado Comercial Nº 1. Mientras tanto, dispuso de forma provisoria que los bancos no paguen cheques diferidos emitidos antes del 9 de septiembre de 2026 que venzan después de esa fecha, y que esos rechazos no se computen para multas o inhabilitaciones. Consideró además que el suministro de luz y gas debía mantenerse, y por eso intimó a las prestadoras a no cortarlo.

El juez no obligó a los bancos a mantener abiertas las cuentas de la empresa ni a reabrir las cerradas. La compañía también había pedido que el concurso se tramitara en forma conjunta con HAISA, Wade SA y Avex SA; de manera subsidiaria, solicitó la apertura individual de cada sociedad.

Despidos y conflicto laboral

La empresa ratificó 1.250 despidos en tres plantas bonaerenses: 700 en Capitán Sarmiento, 500 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar. La conciliación obligatoria venció en la provincia de Buenos Aires sin acuerdo. El apoderado de la firma, Walter Carrizo, sostuvo: "En relación con los despidos y desvinculaciones comprendidos en el conflicto, esta parte mantiene y ratifica las decisiones oportunamente comunicadas, con las causales y alcances expresados en cada comunicación".

Los sindicatos denunciaron alrededor de 1.730 despidos entre ambas provincias, más del 25% de la dotación total del grupo.

Lo que sigue es definir qué juzgado tendrá la causa. Hasta que eso ocurra, la intervención del juzgado es provisoria, y la designación del síndico, que depende de esa definición, sigue frenada.