Economía
El Gobierno cambió el RIGI y amplía quién puede ser proveedor local
El Decreto 1366/2026 también fija una fecha límite única de inversión para los proyectos de exportación estratégica, habilita cambios societarios y modifica las condiciones de acceso al mercado de cambios.
Redacción La Bajada ·
El Gobierno modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el Decreto 1366/2026, publicado el lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo, y reforma el Decreto 749/2024, que reglamentó el capítulo de la Ley Bases dedicado al RIGI.
Según el decreto, una persona jurídica constituida y domiciliada en la Argentina será considerada proveedor local “sin atender a la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni a la composición de su capital social”. Hasta ahora, además, la sociedad debía tener al menos el 51% del capital o los votos necesarios para controlar sus decisiones en manos de personas o empresas con domicilio fiscal en el país. Esa exigencia desaparece, por lo que una filial argentina de un grupo extranjero podrá contar como proveedora local. Cuando el proveedor entrega bienes, y no sólo servicios, debe cumplir los criterios de origen nacional del Mercosur. El piso de 20% de contratación de proveedores locales no cambia.
Publicidad
El Gobierno presentó la medida como “adecuaciones puntuales” surgidas de la experiencia con el régimen. Sostiene que el origen del capital no debe ser, por sí solo, un obstáculo para que las empresas instaladas en el país se sumen a las cadenas de suministro de las grandes inversiones.
En los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, el decreto fija una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión del proyecto en su conjunto, separada de los compromisos de cada etapa. Según los fundamentos, la intención es evitar confusiones entre una exigencia y otra, sin alterar los montos previstos para cada fase.
Cualquier tercero podrá comprar acciones de una empresa adherida sin perder los beneficios, aunque esa compra no se computará como inversión para cumplir el mínimo exigido. Las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos podrán ceder participaciones o incorporar socios, con aviso a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días de inscripta la operación. El organismo tendrá 30 días para objetarla; si no lo hace, la operación se da por aprobada. Las sucursales dedicadas podrán transferir activos, pasivos y obligaciones a una sociedad anónima creada para el proyecto, previa autorización, sin nueva adhesión y sin cambiar los plazos.
El Banco Central podrá condicionar el acceso al mercado de cambios de las empresas que tengan el beneficio sobre cobros de exportaciones a que las divisas liquidadas igualen o superen las que demanden. Desde ahora, en ese cálculo también se contarán los dólares aportados o financiados desde el exterior por accionistas directos o indirectos, integrantes de las uniones transitorias y la casa matriz de las sucursales, siempre que vayan efectivamente al proyecto y puedan rastrearse en los registros contables. Las restricciones no alcanzan a los pagos de intereses de endeudamientos financieros ni a los dividendos habilitados.
El decreto rige desde su publicación. El cómputo de esos aportes externos regirá en la proporción en que los fondos se destinen efectivamente al proyecto, se cumplan los procedimientos que fije el Banco Central y se registren contablemente para garantizar su trazabilidad.
La Bajada del día
Cada mañana, lo más importante de Paraná, Entre Ríos y el país en tu correo. Gratis.
Te mandamos un correo para confirmar. Te podés dar de baja cuando quieras. Ver privacidad.