Denuncian penalmente a Quirno y al director del Museo Sarmiento por un ciclo de cine ruso

El Museo Histórico Sarmiento levantó las dos últimas funciones de un ciclo de cine ruso que estaba programado para los domingos 18 y 25 de octubre. La decisión se tomó después de recibir una nota formal firmada por el embajador de Ucrania en la Argentina, Yurii Klymenko. Ahora, un grupo de abogados denunció penalmente al canciller Pablo Quirno y al director del museo por esa cancelación.

El ciclo tenía cuatro películas: El regreso, El arca rusa, Leviatán y La isla. Se proyectaron las dos primeras y, después, el museo comunicó que las restantes no se exhibirían. Según la denuncia, los realizadores de las obras son disidentes o críticos del gobierno de Vladimir Putin.

Al explicar la decisión, Diego Barros, director interino del museo, señaló que “la Dirección del Museo resolvió levantar las últimas dos películas del ciclo previsto”. En la misma comunicación, el museo sostuvo que “La decisión respondió a un criterio de prudencia institucional”, para evitar un nuevo elemento de tensión en un contexto particularmente sensible. Y agregó: “En ningún caso se trató de una valoración sobre la calidad artística de la propuesta”.

La nota de la embajada ingresó por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que la derivó a la Secretaría de Cultura. Desde allí pasó a la Dirección Nacional de Museos y, finalmente, llegó al Museo Sarmiento.

La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla. Contra Quirno y Barros les atribuyen, en principio, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, con base en el artículo 248 del Código Penal. También invocan la Ley 23.592 de actos discriminatorios.

Para los denunciantes, la cancelación fue un acto de censura previa. En su escrito sostienen: “La cancelación configura un acto de censura previa fundado exclusivamente en la nacionalidad y origen de las obras de arte expuestas”.

Los denunciantes pidieron que se libre un oficio a Cancillería para obtener una copia certificada de la nota de la embajada, junto con los dictámenes y pases administrativos que se generaron. También reclamaron que el museo informe qué acto administrativo ordenó levantar las funciones y si Cancillería había pedido esa medida. Además, solicitaron identificar a quienes ofrecieron las películas, para que declaren como testigos.

El siguiente paso es que se dé intervención al fiscal, como pidieron los denunciantes, para iniciar la investigación. Ellos también solicitaron que, en su momento, se cite a los funcionarios denunciados a prestar declaración indagatoria.