Suteco pide explicaciones sobre la escuela de la docente asesinada en Esquina

El gremio docente Suteco reclamó a las autoridades educativas de Corrientes que expliquen las condiciones de la escuela rural donde trabajaba la docente asesinada en Esquina. Héctor Morel, de Suteco, dijo que el gremio espera que la ministra de Educación, Ana Miño, la presidenta del Consejo de Educación y la supervisora aclaren por qué el establecimiento estaba destrozado, cómo un director firmaba y cobraba sin ir a trabajar y por qué se asignó a la docente a ese lugar.

En la despedida pública del miércoles en la plaza, un centenar de vecinos llevó carteles que exigían justicia por el crimen.

El intendente de Esquina, Cristian Olivetti, dijo en una entrevista que la comunidad estaba aturdida mientras la docente permanecía desaparecida y que el impacto creció cuando se conocieron las condiciones en que apareció el cuerpo. “No estamos acostumbrados a este tipo de hechos”, afirmó. “Hay enojo”, relató. El municipio se hizo cargo del velatorio y otorgó una parcela en el cementerio, y Olivetti aclaró que la administración local no tiene competencia en la investigación.

Según Olivetti, la docente había conseguido una suplencia como directora de la Escuela Rural N° 626, en el paraje El Malezal, a unos 40 kilómetros de Esquina. El establecimiento no pertenece a la jurisdicción municipal. Sobre el caso, el intendente sostuvo: “Hay muchas escuelas rurales y escuelas de personal único. Con esto se toma conciencia de que hay muchas cosas para mejorar”. Respecto de los reclamos de la docente por el edificio, señaló que esas solicitudes suelen canalizarse a través del Ministerio de Educación provincial y de las autoridades escolares, y agregó: “Creo que hubo falencias de comunicación”.

Fernando Ramírez, secretario general de Suteco, afirmó que el gremio venía denunciando las condiciones de trabajo docentes. “Tenemos uno de los peores salarios de la región”, dijo. Según él, la docente cobraba $1.500.000 por trabajar en una zona desfavorable y con poca antigüedad. “Nuestro básico es de 230.000 y 233.000 pesos”, señaló.

Rita Fernández Toffalo, amiga de la docente con la que cursaba el profesorado de educación especial, contó que la maestra había presentado un expediente con una abogada en el Ministerio de Educación el 28 de agosto, y que ingresó el 1 de septiembre. Según su seguimiento, el expediente permaneció hasta el 23 de octubre en la sala de supervisores. “Quedó cajoneado, archivado”, dijo. También relató que la docente le había comunicado a la supervisora que la escuela llevaba tres años sin abrir.

El abogado de la familia, Gustavo Brierd, afirmó que la investigación “va por buen camino”. Otro docente, Martín Salvagno Luchesoli, consideró que el crimen podría estar vinculado a sectores de poder de la provincia.

Suteco analiza convocar a un paro para reclamar mejoras en las condiciones de trabajo, en la infraestructura escolar y en el funcionamiento de Ioscor, la obra social docente. Por ahora, el gremio no decidió si lo hará.