Ocho organizaciones piden precisiones a Lauritto sobre la evaluación del COTA

Ocho organizaciones ambientales, sociales y vecinales de Concepción del Uruguay presentaron una nota ante el intendente José Eduardo Lauritto para pedir precisiones sobre el proceso de evaluación del Código de Ordenamiento Territorial y Ambiental (COTA). La presentación, fechada el 2 de noviembre, apunta al Decreto N.º 29.455/2026, del 26 de octubre, que dispuso esa evaluación. Entre los firmantes figuran Vecinos por los Humedales del Río Uruguay, Asamblea Ambiental Uruguayense, Salvemos al Río Uruguay y el Club de Observadores de Aves Güira Pirá.

El COTA, aprobado por la Ordenanza N.º 11.408/2023, regula qué puede construirse en cada sector y qué áreas deben protegerse por su valor ambiental y patrimonial. Según las organizaciones, el Código prevé dos instancias distintas. La evaluación (artículo 216) se hace cada dos años y termina en un dictamen con observaciones y sugerencias, no vinculante. La actualización (artículo 217) debe realizarse en un plazo máximo de seis años y requiere la aprobación del Concejo Deliberante por dos tercios de sus miembros.

El reclamo central es terminológico. El decreto habla de revisión y menciona una Comisión Revisora, pero el Código prevé una Comisión Asesora (artículos 210 y 211). Además, el decreto califica como indicativo al artículo 216, cuyo texto es imperativo, y remite a "y concordantes" sin precisar qué otras normas alcanza. Las organizaciones sostienen que "tal como está redactado, admite interpretaciones divergentes sobre si se trata de una evaluación o del inicio de una modificación del Código".

En cuanto a la participación, piden saber cómo se garantizará que las posiciones divergentes tengan el mismo peso en el dictamen y que, si no hay acuerdo, queden registradas las opiniones de cada integrante. También preguntan quién coordinará la comisión, cómo se aprobará su reglamento, de qué modo se publicarán las actas y cuál es el cronograma. Reclaman además la convocatoria de especialistas en planificación urbana y de la otra institución que mencionan, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para analizar las zonas periurbanas y rurales. El artículo 211, según la presentación, prevé que un representante de las organizaciones ambientalistas con sede en la ciudad integre la Comisión Asesora.

Por la Ley N.º 25.831 de acceso a la información pública ambiental, las organizaciones pidieron el listado de instituciones invitadas y las fechas de las convocatorias, el estado del registro de ciudadanos interesados, la cantidad de inscriptos y la fecha del sorteo público. También consultaron cuándo y dónde se hará la reunión constitutiva, si existe un proyecto de reglamento interno y qué previsiones presupuestarias hay para convocar especialistas. Recordaron que la misma ley fija un plazo máximo de 30 días hábiles para responder.

Según la presentación, el artículo 4 del decreto da 30 días corridos para formalizar las invitaciones, integrar la Comisión Asesora y realizar su reunión constitutiva. Ese plazo vence el 25 de noviembre de 2026. Las organizaciones pidieron que sus planteos se incorporen a un expediente municipal y que las respuestas se entreguen por escrito antes de que la comisión inicie el tratamiento de fondo de la evaluación.