Los presos del motín serán acusados de robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas

El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, confirmó que los detenidos que protagonizaron el motín en la Alcaidía 1, sobre la calle Lavalle, serán acusados por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas. Según explicó, el robo se debe a que los presos se quedaron con teléfonos, dinero, alhajas y prendas del personal policial, incluido el celular de un oficial mayor que quedó retenido.

Giménez relató que la Policía ingresó para separar a uno de los internos, y que otros nueve se acercaron para increparlo. Según dijo, a las 12.36 “comenzó una toma de rehenes con diez detenidos”. Fueron tomados un subcomisario, un inspector y un oficial mayor. El subcomisario y el inspector recuperaron la libertad tras un rato de conversaciones; el oficial mayor quedó retenido hasta que terminó la negociación.

Sobre los heridos, el ministro sostuvo: “No hay ninguna persona herida”. Dijo que las 23 personas involucradas fueron revisadas por el SAME y que el oficial retenido recibió asistencia de profesionales de salud mental. Sin embargo, imágenes difundidas por los propios detenidos mostraban a un detenido herido. La versión oficial y esas imágenes no coinciden, y el alcance de las lesiones sigue sin confirmarse.

Los detenidos denunciaron sus condiciones de alojamiento. Uno de ellos afirmó: “Queremos tener nuestros derechos, acá no tenemos nada. No tenemos comida, no tenemos ducha, no tenemos baño.” Otro dijo que eran 31 personas en el lugar, cifra distinta de las 23 que informó el ministerio.

Giménez anunció que la Alcaidía 1 permanecerá cerrada por un tiempo y que los detenidos involucrados serán trasladados a otras instalaciones, junto con siete presos que no participaron del motín y fueron resguardados. También negó que el conflicto se haya originado en una negativa a trasladar detenidos al penal de Marcos Paz. Señaló que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmó con la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, un acuerdo para trasladar 700 detenidos en dos etapas. “La negociación era para preservar la integridad del personal policial. Nunca hubo un intento de evasión”, remarcó.

El episodio se produce en un contexto de sobrepoblación. Según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), al 31 de agosto había 2.205 personas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad, y 283 de ellas (el 12,8%) cumplían condena en alcaidías, situación que les impide acceder a derechos previstos en la Ley 24.660, como la progresividad del régimen, la educación y el trabajo.

Queda pendiente el plazo de cierre de la Alcaidía 1, el calendario de los traslados en dos etapas y el estado de salud del interno que, según las imágenes, resultó herido.