La familia de una víctima anunció que denunciará a dos jueces por la filtración del video

La familia de una de las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela anunció que denunciará a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y al juez Jorge Rodríguez por la filtración del video en el que se observan las torturas a las que fueron sometidas las jóvenes antes de su asesinato. La grabación, de más de dos minutos, se viralizó en las últimas horas. Había sido recuperada de un teléfono secuestrado a Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias Roger, detenido en la causa por narcotráfico de San Isidro.

En un comunicado difundido por intermedio de la abogada Verónica Veliz, la familia exigió al Juzgado Federal N°2 de Morón que adoptara todas las medidas necesarias para que el archivo no se filtrara, como había ocurrido con las fotos de las autopsias. "Consideramos inadmisible que, por su falta de decoro, negligencia o mal desempeño, haya permitido que suceda una situación de tal gravedad", sostuvo la familia.

Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, derivó la filmación el 16 de octubre al juez Jorge Rodríguez, responsable de la investigación del triple crimen. Según la reconstrucción que hizo la querella ante las cámaras, la jueza vedó el acceso al video a las partes del expediente de San Isidro, pero autorizó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la División de Crimen Organizado de la Policía Bonaerense a compulsarlo. Rodríguez envió entonces un oficio a su par de San Isidro para pedir que se tomaran todos los recaudos contra las filtraciones. Tres semanas después de ese despacho, el video se difundió. Según esa misma reconstrucción, al menos cuatro eslabones, dos juzgados y dos fuerzas de seguridad, tuvieron acceso al registro.

La querella sostiene que había pedido resguardo antes de la filtración. Al enterarse de la existencia del video, un viernes a la noche de octubre, exigió al juzgado que adoptara precauciones. La madre de una de las víctimas lo confirmó: "Pedimos el resguardo, que se lo pidió la doctora, y no hubo el resguardo". La abogada querellante habló de "una responsabilidad institucional solidaria" y anticipó que la denuncia cuestionará toda la cadena de custodia desde el origen del material. Descartó que la filtración haya buscado obstruir o dirigir la investigación y apuntó a un aprovechamiento económico: según su planteo, alguien en alguno de esos eslabones habría cobrado por entregar el material.

La Fiscalía Federal N°2 de Morón, a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta, exhortó a medios y profesionales de la comunicación a evitar la difusión de imágenes y videos vinculados con las víctimas, para no revictimizarlas ni a sus familias. En el comunicado citó la Convención de Belém do Pará y las leyes 26.485 y 27.372. La causa principal sigue bajo secreto de sumario, con 16 personas detenidas con prisión preventiva y cinco prófugos, por quienes se ofrecen recompensas de 10 millones de pesos cada uno.

La madre de una de las víctimas describió el impacto sobre su familia: "Volví al principio. Estoy desgastada, estoy muy mal. Está toda la familia destrozada". Según relató la abogada querellante, pasó tres semanas sin salir de su casa y no tiene atención psicológica presencial. Sus hijos menores estuvieron expuestos al video, que circuló por redes sociales hasta convertirse en stickers. "Me están matando en vida con lo que me hicieron", dijo ante las cámaras.

En su comunicado, la familia advirtió: "Iremos hasta las últimas consecuencias legales contra todos los responsables, tanto de los hechos principales como de las irregularidades derivadas".