La familia de la víctima impulsará demandas civiles por el tiroteo en San Cristóbal

El abogado querellante de la familia del alumno de 13 años muerto en la Escuela N.º 40 Mariano Moreno, de San Cristóbal, anunció que la familia impulsará acciones civiles contra los padres y el abuelo del adolescente que atacó a tiros a sus compañeros, contra la escuela y contra el Ministerio de Educación y la provincia de Santa Fe. Luis Hilbert explicó que la vía civil busca determinar responsabilidades por el acceso al arma y por las condiciones de seguridad del establecimiento.

Sobre el abuelo, Hilbert sostuvo que “fue el portador de la escopeta” utilizada en el ataque. Según el abogado, el arma debía estar resguardada para que un menor no pudiera tomarla: “Si yo tengo un arma, la tengo que tener a resguardo”.

Hilbert también cuestionó las medidas de seguridad del colegio. “Algo ha fallado ahí”, afirmó, y consideró que las autoridades educativas deben responder por lo sucedido. Las acciones civiles, en cualquier caso, todavía no fueron presentadas.

En el plano penal, el Ministerio Público de la Acusación apeló el sobreseimiento. Según el recurso, el fallo generó “una cuota de incertidumbre absoluta”, ya que otro tribunal deberá hacerse cargo de una decisión tomada por otro juez. Los fiscales también sostienen que el juez podría haber dado intervención a la Justicia de Familia para medidas específicas sin remitirle todo el expediente. En sus palabras: “Es naturalmente la jurisdicción penal la que debe controlar el cumplimiento de las mismas”.

La fiscal a cargo de la investigación, en una entrevista radial, dijo que la apelación responde a que la decisión “es una decisión apresurada”. Agregó: “Estamos discutiendo la oportunidad no el tema”. También reconoció que el sobreseimiento es “inevitable” por la ley que regía al momento del ataque, y lamentó que, con la norma vigente, un caso como este podría tener una pena de hasta 15 años de prisión para menores de edad. La reforma que bajó la edad de imputabilidad entró en vigencia el 5 de septiembre.

Según la fiscal, el adolescente “no está en San Cristóbal” y cumple medidas en otro lugar que siguen vigentes.

La resolución del juez José Boaglio, dictada el 5 de octubre, no está firme. La Cámara de Apelaciones deberá resolver si la causa permanece en el fuero penal o pasa a Familia, y todavía no se fijó la audiencia. Los investigadores esperan esa fecha para analizar el fallo en segunda instancia.