Política
Vandalismo rural: la pena mínima se duplica si el autor es funcionario o del agro
El ingreso a campos puede llegar a dos años de prisión y tiene excepciones por auxilio o emergencia. El dictamen recogió cambios negociados entre Martín Ardohain y Ramiro Gutiérrez.
Redacción La Bajada ·
El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados el miércoles 21 de octubre fija una escala penal para el ingreso a campos que llega hasta dos años de prisión. También prevé un agravante que duplica la pena mínima por daños a la producción cuando el autor es funcionario público o integrante del sector agropecuario.
El artículo 150 bis castiga el ingreso a un establecimiento rural contra la voluntad de quien puede excluir a otros. La pena base es de un mes a un año de prisión, y sube a dos años si la intrusión obstaculiza de manera sustancial la actividad productiva o genera un peligro concreto para personas, animales o cultivos. Esa escala no se aplica si corresponde una sanción mayor por otro delito.
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El texto también excluye la sanción en dos casos: cuando hay razones de auxilio o emergencias justificadas, y cuando el límite entre el terreno privado y la vía pública no puede distinguirse con claridad.
Para los daños previstos en el artículo 184 bis, que fija de dos a ocho años de prisión, la pena mínima se duplica si el autor es funcionario público o actúa en el sector agropecuario. El máximo se eleva de ocho a 10 años cuando el hecho lo cometen tres o más personas de manera coordinada, hay violencia o se produce la pérdida total de la producción en curso.
El dictamen incorporó cambios consensuados entre Ardohain y el diputado Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria. Durante el debate, Ardohain sostuvo que la norma no busca proteger la propiedad sino que "lo que se protege es la libertad y la intimidad, la posibilidad de sentirse tranquilo en un terreno cercado". También argumentó que las leyes pierden alcance a medida que se alejan de los centros urbanos: "pero cuando vamos a la ley, muchas veces parece que llega hasta la última columna de luz de nuestra localidad".
Desde La Libertad Avanza, el diputado entrerriano Francisco Morchio afirmó que "este proyecto está pensado para el productor y el trabajador que viven en el campo y se encuentran lejos de una comisaría".
En la izquierda, la diputada Myriam Bregman sostuvo que la iniciativa busca "blindar a las grandes corporaciones y a los grandes propietarios de la tierra". Romina del Plá la describió como una norma para "defender a los terratenientes".
El proyecto quedó girado al Senado. Si la Cámara alta aprueba el mismo texto, será ley; si introduce cambios, deberá volver a Diputados.
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