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Martes 17 de noviembre de 2026
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Política · Entre Ríos

Uruguay sostiene que la ampliación de UPM no requiere nueva autorización ambiental

Mientras la carta espera su entrega al Papa, el aumento de producción de la planta de Fray Bentos está bajo evaluación del Ministerio de Ambiente uruguayo. Si Nahuel Gieco no logra entregarla en mano, la enviará por un arzobispo.

Redacción La Bajada ·

El asambleísta Nahuel Gieco intentará entregar el lunes 9 de noviembre, en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), la carta que la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú dirige al papa León XIV. La entrega se hará en el encuentro con representantes del mundo del trabajo al que Gieco fue invitado por el Vaticano, en su carácter de secretario general de la Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo.

Gieco aclaró que buscará entregar el documento en mano. Si no lo consigue, lo hará llegar a través de un arzobispo.

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El texto de la carta sostiene que el fallo de La Haya de 2010 tomó como referencia una producción de un millón de toneladas anuales de celulosa en la planta de Fray Bentos, hoy operada por UPM, ex Botnia. Según el documento, la planta produce 1.300.000 toneladas y la empresa pretende llegar a 1.500.000 sin una nueva revisión ambiental integral. La Asamblea lo resume así: "un 30% más de lo evaluado, con perspectiva de un 50% más".

La carta también señala que todavía no se conocen las conclusiones del Comité Científico creado en el ámbito de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para evaluar el impacto ambiental.

Del lado uruguayo, el gobierno sostiene que el aumento no requerirá una nueva autorización ambiental, porque se concretará con mejoras tecnológicas y de eficiencia, sin modificar los permisos vigentes. La propuesta está bajo evaluación del Ministerio de Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), en un trámite que incluyó la publicación de un informe ambiental para recibir observaciones.

El fallo de la Corte Internacional de Justicia, del 20 de abril de 2010, tuvo un resultado dividido. La Corte reconoció que Uruguay violó las obligaciones de procedimiento del Estatuto de 1975, al no informar ni consultar debidamente a Argentina antes de autorizar la planta. Pero consideró que Argentina no aportó pruebas suficientes de que Uruguay incumpliera obligaciones ambientales de fondo, y por eso no ordenó el cierre ni el desmantelamiento.

Lo que la Asamblea pide al Pontífice es que acompañe el reclamo para que se cumpla el fallo y se respeten los compromisos de monitoreo ambiental. También pide que Uruguay no autorice aumentos de producción por encima de lo evaluado y que no se instalen nuevas industrias contaminantes sobre el río.

El próximo paso es el encuentro del lunes en la UCA, donde se sabrá si la carta llega al Pontífice en mano o por la vía del arzobispo.

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