Sin resoluciones definitivas por Malvinas, el oficialismo busca dictamen de la ley

El oficialismo busca conseguir dictamen del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en un plenario de comisiones el martes 27 o el miércoles 28 de octubre, mientras negocia cambios con los bloques aliados. El vocero Adrián Ravier sostuvo que “La Ley de Defensa de la Soberanía es prioridad para este Gobierno”.

Mientras tanto, la Cancillería no confirmó resoluciones definitivas sobre los procedimientos abiertos en septiembre contra 60 personas y compañías. La Oficina del Presidente informó el 4 de septiembre el inicio de actuaciones contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas violaciones a la Ley 26.659. Cuatro días después se sumaron otros 15 sujetos, entre empresas, accionistas y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.

El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, designó a la Cancillería como autoridad de aplicación y fijó diez días hábiles administrativos para que los presuntos infractores presenten sus descargos. La legislación vigente permite inhabilitar entre cinco y veinte años a quienes operen sin autorización argentina, aunque antes hay que determinar la responsabilidad de cada involucrado.

El proyecto, enviado a Diputados el 17 de septiembre, busca reemplazar esa normativa. Alcanzaría la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables, endurecería las sanciones contra empresas, accionistas y proveedores, e incluiría restricciones comerciales.

El Consejo de Seguridad Nacional y el artículo 111

El punto más disputado es el Consejo de Seguridad Nacional que el Presidente pretende crear. Lo presidiría el jefe de Estado, con representantes de la Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, Inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. Los bloques aliados reclaman sumar representantes de Diputados y del Senado, y controles legislativos sobre sus decisiones.

La Casa Rosada estaría dispuesta a aceptar una comisión bicameral de control, aunque en sectores del oficialismo la consideran insuficiente si el Congreso no puede intervenir en determinadas actuaciones.

El otro foco es el artículo 111, que prevé penas de prisión para quienes, con financiamiento o instrucciones de actores extranjeros, intervengan en procesos destinados a alterar el funcionamiento institucional, influir en elecciones o promover campañas de desinformación. Los aliados cuestionan ese artículo por su impacto sobre la libertad de expresión, y buena parte de los cambios negociados gira en torno a él.

Los bloques

Ravier informó en su cuenta de X sobre una reunión de avance en Casa Rosada: “Se realizó una reunión de avance del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en Casa Rosada, liderada por la Secretaría Legal y Técnica, con Diputados Nacionales donde recibimos aportes del PRO, del MID e incluso del PJ”. El peronismo negó haber hecho aportes.

Unión por la Patria presentará un dictamen propio centrado en Malvinas. El bloque respalda las sanciones, en línea con la Ley 26.659, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero rechaza el resto del texto.

En Argentina Federal, el bloque que reúne a legisladores de Misiones y Salta, los diputados salteños se inclinan por acompañar la iniciativa. El misionero Alberto Arrúa intenta persuadir a sus compañeros: para él, el Gobierno “pone un lindo nombre al proyecto y mete un montón de temas que nada tienen que ver con la soberanía”.

Calendario

En el bloque oficialista reconocen que el proyecto no llegará a tratarse antes del 18 de noviembre, fecha prevista para discutir el Presupuesto. El Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO figuran entre las prioridades del oficialismo en el Congreso. El próximo paso concreto es el plenario de comisiones de la semana próxima, para el que todavía no hay texto final acordado con los aliados.