Política
Flávio Bolsonaro descarta que Eduardo sea canciller y el TSE pide garantías a Meta
Lula había destinado menos de tres millones de reales a publicidad digital hasta el 5 de octubre, según datos electorales y de Meta. En la segunda vuelta, el oficialismo aceleró esa inversión.
Redacción La Bajada ·
A tres días del balotaje, el senador Flávio Bolsonaro, candidato del PL, dijo en una entrevista con TV Globo que su hermano Eduardo no va a ocupar el cargo de canciller en un eventual gobierno suyo. “No, él no va a ser mi canciller”, afirmó, y lo describió como “un perseguido político” que denunció en el exterior las arbitrariedades que existen en Brasil.
Eduardo Bolsonaro, exdiputado de 42 años, vive en Estados Unidos. El Supremo Tribunal Federal (STF) lo condenó por coacción a las autoridades, por sus gestiones en Washington para que se aplicaran sanciones por el encarcelamiento de su padre, Jair Bolsonaro. Hasta hace pocos días, en Brasilia se daba por hecho que sería el próximo canciller.
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En entrevistas posteriores desde Washington, Eduardo sostuvo que la cuestión “todavía se está discutiendo”. También afirmó que “no vamos a romper con China”, en una definición que apunta a la política exterior que tendría un eventual gobierno de su hermano.
La campaña digital
Según datos electorales y de Meta relevados, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva había destinado menos de tres millones de reales a publicidad digital hasta el 5 de octubre. En el mismo período, su campaña gastó más de trece millones en eventos y materiales de propaganda tradicional. Flávio Bolsonaro, en cambio, había priorizado el impulso de contenidos digitales. En la segunda vuelta, el oficialismo aceleró su inversión en plataformas.
Mensajes internos de Meta que se hicieron públicos registran restricciones que perjudicaron cuentas de Lula y recomendaciones de contenidos vinculados a Flávio en Instagram y WhatsApp. La compañía atribuyó los episodios a fallas técnicas y negó haber favorecido deliberadamente a una candidatura.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) exigió garantías de trato igualitario y reclamó explicaciones sobre el funcionamiento de los sistemas de la empresa. También dio plazo al Ministerio Público Electoral para evaluar las medidas que Meta adoptó.
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