El Senado dio media sanción a la reforma de la ley de salud mental por 42 votos a 21

El Senado aprobó en la madrugada del viernes 30 de octubre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, vigente desde 2010. La votación en general fue de 42 votos afirmativos y 21 negativos, y el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados, que deberá tratarlo para que se convierta en ley.

La iniciativa modifica los requisitos para autorizar internaciones. El texto reemplaza la exigencia de un psiquiatra por la de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y agrega un segundo profesional que debe ser psicólogo. En los casos excepcionales en que un solo médico indique una internación por riesgo grave, el plazo para revalidar la decisión con una evaluación interdisciplinaria pasa de 24 a 48 horas.

Otro eje fue el financiamiento, que concentró buena parte de las negociaciones. La Nación se obliga a brindar cooperación técnica, económica y financiera a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, y podrá firmar convenios bilaterales para fijar los aportes. Los recursos se coordinarán en el Consejo Federal de Salud (COFESA) y se destinarán al personal, a los dispositivos comunitarios y a la telemedicina, entre otras necesidades.

El proyecto también amplía el concepto de adicciones para incluir la ludopatía, habilita las teleconsultas donde haya menos presencia de personal especializado y prohíbe la práctica de manicomios. El senador radical Maximiliano Abad anticipó que votaría en contra de los artículos 23 y 24, que a su juicio habilitaban la permanencia de hospitales monovalentes. “Cambiarles el nombre no cambia lo que son: manicomios”, afirmó.

La senadora Ivanna Arrascaeta, de La Libertad Avanza, fue la miembro informante y sostuvo que la ley de 2010 “quedó desactualizada e insuficiente”. Al cerrar el debate, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, rechazó la confrontación entre psicólogos y psiquiatras: “Son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”. Bullrich citó además 100.000 psicólogos frente a casi 4.000 psiquiatras.

Desde la oposición, la senadora justicialista Lucía Corpacci sostuvo que “Esto no funciona porque no hay presupuesto”. La senadora sanjuanina María Celeste Giménez Navarro calificó la reforma como “una reforma regresiva”. El santiagueño Gerardo Zamora afirmó: “El problema no está simplemente en la ley está en los recursos.” El catamarqueño Guillermo Andrada, ex kirchnerista, defendió y criticó a la vez la normativa actual: “No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir”. El bloque Convicción Federal presentó un dictamen de minoría, con la senadora jujeña Carolina Moisés como una de las voces críticas.

Con la media sanción, el proyecto pasa a Diputados, donde será determinante si el texto se convierte en ley o recibe nuevas modificaciones. Hasta que se complete el proceso legislativo, seguirán vigentes las reglas actuales sobre internaciones, criterios de riesgo y funcionamiento de los dispositivos de atención, y los cambios todavía no entraron en vigencia.