El Gobierno inició la disolución del IOSFA y limitó el traspaso de personal a la OSFA

El Gobierno nacional dispuso el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La medida se oficializó con el Decreto 1286/2026, un decreto de necesidad y urgencia publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y de los ministros del Gabinete. El organismo quedará a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa.

El decreto modifica el artículo 7 del Decreto 88/26, que ya había dispuesto la disolución del IOSFA. El cambio central es que la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) recibirá solo a los trabajadores que resulten necesarios. El Directorio de la OSFA definirá, según su estructura y sus necesidades operativas, qué puestos y qué dotación requiere, y a partir de allí identificará al personal que se transferirá.

Para quienes no pasen a la OSFA, el administrador del IOSFA deberá evaluar la situación de revista de cada agente y disponer las medidas correspondientes. Los agentes de planta permanente con estabilidad que queden en disponibilidad seguirán dentro del Ministerio de Defensa hasta su reubicación o baja. El personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina que cumple comisión o adscripción en el organismo deberá regresar a su fuerza de origen. Una vez concluida la liquidación, las obligaciones pendientes con el personal no transferido quedarán a cargo de esa cartera.

El decreto no fija cuántos trabajadores permanecerán en la OSFA. Esa cifra dependerá de la estructura que establezca el Directorio. Según el texto, la transferencia integral del personal, en las condiciones previstas inicialmente, podría generar un “grave desequilibrio financiero, operativo y presupuestario” en la nueva obra social. El argumento oficial se apoya en que Gendarmería y Prefectura dejaron de integrar la población beneficiaria y pasaron a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). Además, el decreto recuerda que la OSFA tiene un tope de 8% de sus recursos para gastos administrativos y de funcionamiento.

Pablo Mendoza, secretario general de ATE en Punta Alta, afirmó que unos 1.200 trabajadores quedarían fuera del sistema. Ese número no figura en el decreto. Según explicó, los de planta permanente que no sean incorporados quedarían en disponibilidad durante nueve meses, y los contratados saldrían directamente de la estructura. Mendoza cuestionó el procedimiento con una frase: “Están cortando con un Excel pero generan un daño enorme”. El gremio anunció además una movilización al Ministerio de Defensa y al área de Desregulación.

La obra social tiene más de 370.000 afiliados en todo el país. La medida llega después de que, a principios de octubre, el Gobierno anunciara que usará fondos del Tesoro para cancelar la deuda del IOSFA, que asciende a $210.000 millones, mediante acuerdos con unos 2.000 proveedores y prestadores. La falta de pago mantiene casi paralizada la atención médica de los afiliados. En septiembre había renunciado el coronel retirado Ariel Guzmán, quien administraba la estructura residual del IOSFA y trabajaba en su proceso de liquidación.

El próximo paso es la definición de puestos y dotación por parte del Directorio de la OSFA, seguida de la identificación del personal que se transfiere.