Budasoff abrió a juicio oral la causa contra Urribarri y Cardona Herreros

El juez de Garantías de Paraná Mariano Budasoff resolvió este miércoles dictar la apertura a juicio oral y público de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Sergio Urribarri, como autor, y contra el empresario Diego Armando Cardona Herreros, como partícipe secundario. Con esa decisión, rechazó los planteos de las defensas de nulidad de la remisión, de reformulación del hecho imputado y de sobreseimiento.

Según el juez, la Fiscalía identificó el incremento patrimonial que considera ilícito, a quién se lo atribuye, el período, la modalidad y el rol de cada imputado, con el grado de probabilidad que exige esta etapa. Budasoff también rechazó la aclaración de los montos atribuidos y el apartamiento de los informes periciales contables e informáticos. Las defensas habían cuestionado que el informe contable no coincida con los registros de la acusación.

Los montos imputados son 11.546.740,92 pesos, 7.245.441 dólares y 16.300 euros para Urribarri, y 8.673.275,42 pesos, 7.155.783,71 dólares y 14.100 euros para Cardona Herreros. El juez consideró que esas controversias se discutirán en el juicio oral, donde se confrontarán las pericias y la documentación.

En cuanto a la constitucionalidad de la figura, las defensas sostuvieron que el delito afecta el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra uno mismo, porque exige justificar el origen del patrimonio. Budasoff rechazó ese planteo, aunque fijó límites: la exigencia de justificación no puede convertirse en la obligación de probar la propia inocencia, y la falta de explicaciones no reemplaza la prueba de cargo. La Fiscalía había citado precedentes provinciales y nacionales, entre ellos los casos Yedro y Rossi.

La acusación sostiene que Urribarri se valió de Cardona Herreros y de Rubén Ángel Martínez, que ya resolvió su situación con un juicio abreviado, como personas interpuestas para disimular su patrimonio y administrar fondos y bienes. Según la Fiscalía, esa intervención de terceros formó parte de una operatoria para ocultar la titularidad o el destino económico de los recursos investigados.

El próximo paso será el viernes 30 de octubre, a las 9, cuando comience la discusión sobre la incorporación de la evidencia y sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos probatorios. Las partes buscan llegar al debate con un expediente ordenado que permita un juicio ágil.