La Corte sostuvo que Pedro Müller facilitó la localización de trabajadores a detener

La Corte Suprema fundamentó la confirmación de la condena contra Pedro Müller, exgerente de Manufactura de Ford, con una descripción de su papel en la planta durante la última dictadura. Según el fallo, Müller fue responsable de “facilitar la individualización y localización de las personas a detener” y permitió que algunas de ellas fueran alojadas en dependencias de la fábrica. El tribunal lo considera partícipe necesario de los secuestros y torturas de 24 trabajadores ocurridos en 1976 y 1977.

Al explicar el contexto del caso, la Corte afirmó que el plan represivo de las Fuerzas Armadas estuvo “especialmente dirigido a las actividades gremiales”. Para el tribunal, el análisis sobre la eventual participación de civiles “requiere tener en cuenta el contexto histórico en que se desarrolló”, pero ese contexto no alcanza para sostener “sin más la condena de un individuo”. En el caso de Müller, según el fallo, la responsabilidad se probó a partir de conductas concretas.

La sentencia describe que personal del Ejército se instaló en la planta con el aval de Ford, acondicionó un quincho y lo usó como sala de torturas, y utilizó autos de la compañía. De los 24 trabajadores, 17 fueron llevados desde dentro de la fábrica, y en su mayoría eran delegados gremiales.

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal habían considerado acreditado que, como gerente de Manufactura, Müller controlaba la producción de la planta y conocía las detenciones de operarios que también eran delegados sindicales. También señalaron que supervisaba las exigencias de producción, que habían aumentado desde marzo de 1976.

En su disidencia, Carlos Rosenkrantz sostuvo que no hay prueba que vincule personalmente a Müller con los delitos. Afirmó que “más allá del desempeño de Müller como gerente de Manufactura de Ford, circunstancia que no tiene ninguna virtualidad probatoria de su participación criminal, el a quo no indicó ninguna prueba que lo involucrara personalmente con los delitos imputados”. Según el magistrado, no se acreditó que Müller controlara la información privada de los empleados ni los accesos a la fábrica, y no hubo testigos que lo ubicaran en el momento de las detenciones o las torturas.

Rosenkrantz también sostuvo que los jueces no deben razonar como historiadores: “No somos historiadores, ni sociólogos, ni politólogos”. Para él, la presunción de inocencia exige demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, incluso en causas por crímenes de lesa humanidad.

En el mismo juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 1 de San Martín había condenado a 12 años de prisión a Héctor Sibilla, gerente de Seguridad de Ford. Sibilla murió mientras se tramitaba su apelación ante la Corte.

La mayoría la integraron Horacio Rosatti y los conjueces Fernando Poviña y Juan Ignacio Pérez Curci, que declararon mal concedido el recurso extraordinario de la defensa. Según el tribunal, la defensa no logró rebatir todos los fundamentos de la condena. El juez Ricardo Lorenzetti no participó de la votación.