La policía portuguesa desalojó las acampadas por la vivienda y dejó 31 detenidos

En la madrugada del domingo 25 de octubre, la Policía de Seguridad Pública (PSP) de Portugal desalojó las acampadas por el derecho a la vivienda que se habían vuelto a instalar en Lisboa y Oporto. Según la Policía, la operación comenzó a las 2.00 hora local en la plaza Pedro IV (Rossio), en Lisboa, y en la plaza Juan I, en Oporto. Dejó 31 detenidos por desobediencia, 25 en Lisboa y seis en Oporto, y 171 estructuras de acampada retiradas: 117 en Lisboa y 54 en Oporto.

Las tiendas se habían montado después de una marcha del sábado que reunió a miles de personas. La PSP justificó la intervención por la persistencia de las manifestaciones, los daños al patrimonio público y la necesidad de retirar estructuras “sin la autorización legal necesaria”. El martes anterior, la Policía ya había desmontado un primer campamento en Lisboa y detenido a 55 personas.

Las cifras de heridos no coinciden. La PSP informó de entre siete y once heridos, entre ellos tres agentes. Los organizadores de las acampadas hablaron de entre 20 y 50 heridos.

La oposición reaccionó en sentidos opuestos. El Partido Socialista rechazó el uso desproporcionado de la fuerza. Su secretario general, José Luís Carneiro, dijo: “No podemos quedarnos indiferentes después de que una protesta que se dijo pacífica haya terminado de esta forma”, y pidió al Gobierno una “explicación exhaustiva”. El Bloque de Izquierda denunció violencia policial, y Amnistía Internacional y SOS Racismo también cuestionaron la actuación.

El partido de extrema derecha Chega defendió a la Policía. Su líder, André Ventura, escribió en X: “la Policía ha tenido mucha paciencia con esta gente acampada en las plazas. ¡Demasiada paciencia, incluso!”. Ventura calificó de “vándalos” a los manifestantes y acusó al primer ministro: “Luís Montenegro se ha estado escondiendo”. El Ejecutivo no se pronunció por el momento. El ministro del Interior, Luís Neves, defendió la operación y aseguró que “no infringió la ley”. El portavoz del PSD, Sebastião Bugalho, defendió la proporcionalidad de la actuación.

La operación se produce mientras el Gobierno impulsa una reforma de la ley de alquiler. La propuesta acelera los desahucios, elimina el periodo mínimo de tres años en determinadas renovaciones automáticas, permite exigir hasta tres meses de renta por adelantado (hoy son dos) y quita el límite de dos mensualidades para las fianzas. El Gobierno sostiene que los propietarios necesitan más garantías. La iniciativa superó la primera votación gracias a la abstención de Chega, pero está en comisión y, por ahora, no tendría los votos para prosperar: Chega advirtió que no la respaldará sin cambios.

El presidente, António José Seguro, convocó a todos los partidos con representación parlamentaria a reuniones individuales el jueves 29 de octubre para abordar la “cohesión social”, sin mencionar las protestas. Antes, una veintena de personalidades de la cultura y la política le había pedido por carta que se pronunciara.

Los movimientos portugueses toman como referencia la acampada de la Puerta del Sol, en Madrid, iniciada el 26 de septiembre tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, que murió en el hospital catorce días después.

El próximo paso es el martes 27 de octubre, cuando el movimiento por la vivienda convocó una protesta frente al Parlamento, donde empieza el debate del presupuesto para 2027. Queda por ver si los manifestantes vuelven a montar las tiendas: lo decidirán en asambleas populares en Lisboa y Oporto.