Italia evalúa usar secciones de cárceles de adultos para menores

El Gobierno de Giorgia Meloni evalúa readaptar secciones de cárceles para adultos y destinarlas a menores detenidos. La medida se discutió en una reunión en el Ministerio de Justicia, donde el ministro Carlo Nordio afirmó que el sistema penitenciario juvenil “se encuentra actualmente bajo una gran presión”.

Las detenciones masivas de los últimos días son parte del problema. En Milán, la mayoría de los más de 170 identificados eran menores de edad. Nordio dijo: “Nunca antes se había producido una serie de detenciones masivas que involucrara a menores”, y agregó que “hay momentos en los que lamentablemente resulta necesario encarcelar a individuos violentos”.

Además de las secciones en cárceles de adultos, las autoridades buscan ampliar la capacidad de los centros de internación juvenil con obras de renovación en instalaciones deterioradas y con nuevas construcciones. La cantidad de menores bajo detención creció un 40% desde 2022.

La oposición cuestionó el rumbo. El Partido Democrático habló de una “deriva sumamente peligrosa” y el Movimiento Cinco Estrellas calificó la propuesta de “propuesta descabellada”. La Alianza Verde y de Izquierda sostuvo que “al abordar la cuestión de los adolescentes de esta manera el ministro se sitúa en total contradicción con el espíritu de la Constitución”. La asociación Antigone, por su parte, señaló que una proporción muy alta de los menores internados no tiene condena firme.

En paralelo, hay nuevas manifestaciones convocadas para el sábado 24 de octubre en Milán y en otras ciudades del país. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, celebró el envío de 500 militares, pero advirtió: “Puede ser una jornada delicada para la ciudad.” También reconoció que durante los disturbios había pocas fuerzas del orden en el terreno.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, dijo que los militares “tendrán la máxima movilidad” en la ciudad y que el sábado será “la primera realización de esta nueva planificación” de seguridad.

El decreto-ley fija penas de cuatro a doce años de prisión para quienes promuevan u organicen grupos destinados a cometer actos violentos, incluso con herramientas digitales. Las multas a los padres de menores que cometan delitos van de 500 a 1.000 euros y pueden duplicarse en caso de reincidencia. La policía podrá aplicar detención preventiva a adolescentes de 14 a 17 años cuando se cumplan las condiciones previstas.

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, afirmó en un acto celebrado el martes 20 de octubre en Roma que los niños de 11 o 12 años que participaron en las protestas parecían haber sido sometidos a una forma de “contraeducación”, sin dar más detalles.

El decreto debe convertirse en ley en un plazo de 60 días, con posibilidad de cambios durante su tramitación en el Parlamento. El sábado 24 de octubre será la primera jornada en la que se pondrá a prueba el nuevo despliegue.