Internacional
El Boletín Oficial formaliza la inclusión de cinco organizaciones en el RePET
La resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores se basa en informes reservados y advierte que estas redes podrían proyectarse hacia Argentina.
Redacción La Bajada ·
El Boletín Oficial publicó este jueves la resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que incorpora cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Son el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, las FARC-EP, el ELN y Los Tiguerones. Es el instrumento legal que da forma al anuncio que la Oficina del Presidente había difundido el miércoles.
La norma se apoya en el artículo 25 inciso d) del Decreto 918/12 y sus modificatorios, y en informes de carácter reservado elaborados por áreas técnicas de ambos ministerios. Según los considerandos, la naturaleza transnacional de estos grupos, su capacidad operativa, su expansión regional y la diversificación de sus actividades configuran “un riesgo que trasciende la criminalidad estrictamente doméstica”.
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Para el texto oficial, las organizaciones representan “una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional, con riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación”. La resolución también menciona “estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia el territorio de la República Argentina”, y plantea fortalecer la prevención para evitar que esas bandas se instalen, actúen, financien o se articulen en suelo nacional.
El alcance de la medida incluye, en general, a las facciones conocidas como Los Fénix y Los Igualitos. Por otra parte, de acuerdo con reportes de autoridades estadounidenses, La Nueva Familia Michoacana concentra su despliegue en Guerrero, Michoacán, Morelos y Estado de México.
El RePET busca facilitar el intercambio de información sobre personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento, tanto entre autoridades argentinas como con las de otros Estados, y promover la cooperación para prevenir y combatir esos delitos.
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