Chile rebajó penas a 56 condenados por delitos sexuales y a al menos dos por crímenes de la dictadura

El Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast rebajó las penas de 56 condenados por delitos sexuales mediante decretos tramitados entre el 11 de marzo de 2026, cuando asumió, y el 13 de septiembre. De ese total, 27 casos corresponden a abuso sexual y 29 a violación. Además, la decisión alcanzó al menos a dos condenados por torturas y vejaciones durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La polémica escaló este viernes 23 de octubre.

En Chile, la ley prevé reducciones de condena por buena conducta una vez cumplida la mitad de la pena. Gendarmería elabora una vez al año un listado de los presos que cumplen los requisitos para acceder al beneficio.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió las resoluciones en una entrevista radial: "Existiendo normas constitucionales que obligan a aplicar la norma de manera inmediata, nos correspondía dictar esas resoluciones". Según explicó, el Gobierno sólo aplicó la legislación vigente, en línea con una interpretación respaldada por la Corte Suprema. Agregó que Kast no estaba al tanto, porque son decisiones que adopta el ministro de Justicia.

Rabat ya era cuestionado desde su designación. Integró el equipo jurídico que defendió a Pinochet en el juicio por la Operación Colombo y en el Caso Riggs, investigaciones vinculadas al asesinato de 119 personas y a la malversación de fondos públicos. Organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura vieron con suspicacia su nombramiento desde el comienzo.

Suspensión y proyecto de ley

Tras la controversia, el Gobierno informó en un comunicado la "suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena" y la presentación de un proyecto de ley para impedir que los condenados por delitos sexuales contra menores accedan a ese beneficio. Rabat sostuvo que impulsarán "una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022".

Reacción opositora

El Partido Socialista exigió la "inmediata revisión e invalidación de todos los decretos que contravengan la ley". Parlamentarios de la Democracia Cristiana advirtieron que podrían presentar un juicio político contra Rabat; de aprobarse, implicaría su destitución y le impediría ejercer cargos públicos durante cinco años. La oposición también convocó a una sesión extraordinaria del Congreso para tratar el tema.

La Defensoría de la Niñez calificó los antecedentes conocidos hasta ahora como "preocupantes" y dijo que "requieren una explicación clara" de la cartera de Justicia.

Lo que sigue es el avance de esos proyectos en el Congreso, la sesión extraordinaria y la suerte de los decretos ya firmados.