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Viernes 6 de noviembre de 2026
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Economía

AmCham pidió aprobar UPOV-91 en medio de la discusión por la ley de semillas

El reclamo se da mientras productores y semilleras siguen divididos por el pago del uso propio: las entidades rurales proponen cobrar al 30% de los productores de mayor escala y la industria planteó el 60%.

Redacción La Bajada ·

Alejandro Díaz, director ejecutivo y CEO de AmCham Argentina, pidió al Gobierno que avance con la adhesión al convenio internacional UPOV-91, que establece normas de protección para quienes desarrollan nuevas variedades vegetales. Lo dijo el martes, durante un encuentro con periodistas en la sede de la entidad, en Buenos Aires. “Aprueben UPOV-91, la ley de patentes de los 90 es razonable”, afirmó, y sostuvo que “Ese sería el mejor escenario para nuestras empresas”.

El pedido llega mientras el Gobierno intenta acercar a productores agropecuarios e industria semillera en una nueva ley de semillas. El eje de la discusión es el uso propio, que permite a los productores guardar parte de la cosecha para volver a sembrarla, como ocurre en soja y trigo. Las entidades rurales propusieron que el pago alcance al 30% de los productores de mayor escala. La industria había planteado el 60%, aunque después amplió las excepciones sin precisar los nuevos límites.

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También hay diferencias sobre el plazo de cobro. Los productores plantean tres años desde la compra de la semilla, mientras que la industria defiende períodos de hasta 20 años. Las entidades rurales, además, rechazan la adhesión a UPOV-91 como marco de la nueva legislación. Para un productor que siembra soja o trigo con semilla guardada, la discusión define si pagará regalías por esa reutilización, quiénes quedan exceptuados y durante cuántos años.

Díaz recordó que la adhesión a UPOV-91 figura entre los compromisos del acuerdo comercial con Estados Unidos firmado en febrero pasado, el ARTI (Agreement on Reciprocal Trade and Investment, por su sigla en inglés). Según el directivo, el país se comprometió a presentar esa iniciativa ante el Congreso antes de fines de 2027, pero no necesariamente a lograr su aprobación en ese plazo. Ese mismo acuerdo contempla cambios en propiedad intelectual, entre ellos la eliminación de restricciones para patentar determinadas innovaciones farmacéuticas y biotecnológicas.

Sobre las condiciones de Washington, Díaz señaló que Estados Unidos planteó dos durante la negociación: eliminar los criterios restrictivos de patentabilidad establecidos en 2015 y avanzar con la adhesión a UPOV-91. Consultado por un eventual incumplimiento, dijo que “Es uno de los compromisos que asumieron” y que más adelante se verá qué compromisos no se cumplen y qué impacto tendrían en la relación bilateral. No anticipó sanciones concretas.

Díaz explicó que AmCham no participa directamente de las negociaciones. Mantuvo conversaciones con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, pero desconoce el contenido del proyecto que prepara el Gobierno. Cuando se le preguntó si era un error buscar un punto intermedio entre productores y semilleras, respondió: “Eso no es un error.” Según dijo, muchos de los socios de la industria semillera “se sienten más confortables con la regulación sin un proyecto de ley sustituto”.

Para el directivo, todavía no hay motivos para hablar de un incumplimiento. “El gobierno argentino tiene tiempo suficiente para presentarlo”, afirmó, y señaló que el Ejecutivo busca los votos para enviar el proyecto en el período de sesiones ordinarias. El próximo paso formal es la presentación ante el Congreso, con plazo hasta fines de 2027.

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